Invasores y ocupas

No se entiende como partidos que defienden la antiocupación, no hagan lo propio con los antidesahucios

Han pasado apenas unas horas del desahucio de Maricarmen y me pregunto si después del deterioro físico que ha sufrido durante estos últimos años, aún conserva las llaves de la que hasta hace unos momentos era su casa. Si todavía alberga la misma esperanza de volver a la que hasta ahora no solo era su casa, sino su hogar.  A esas estancias llenas de recuerdos, emociones y momentos de los cuales, debido a su avanzada edad no tendrá tiempo de olvidarse, por la sencilla razón de que no le han dado tiempo. Tiempo para superar este trauma ni tiempo para recoger sus pertenencias.

Me extraña que aquellas personas que han utilizado el sufrimiento de los ceutíes y de los migrantes de Ceuta para su rédito partidista (incluyo también a los muertos que han dejado sus vidas en el mar, que aún tienen alma y familiares, aunque nadie reclame sus cuerpos), llegándolos a calificar de invasores, no se hayan referido en los mismos términos al desahucio (eufemismo jurídico de desocupación legal y por qué no decirlo, inmoral), que ha sufrido Maricarmen.

Entiendo, aunque no comparto, que la IA, nos haya anulado la voluntad hasta el punto de pronunciar el término invasión, antes de consultar su significado. Lo que no es moralmente aceptable es que además de no hacerlo, se utilice políticamente por añadidura contra el adversario, y para deshumanizar a personas que al igual que cualquier ciudadano del mundo buscan una vida, mínimamente digna.

Marruecos, como es sabido, es una autocracia. Pueden seguir hasta las elecciones faltando al respeto a los 141 cuerpos y almas inocentes, que ya fueron anteriormente engañados y utilizados y que ya nunca encontrarán la educación, la libertad y las oportunidades que todo ser viviente se merece como habitante de este planeta.

Algunos son tan humanos y demócratas que ya se han olvidado de los españoles que de un bando y de otro, murieron lejos de su Patria cuyos cadáveres se encuentran desperdigados como los de las 141 personas que han quedado en el fondo del océano. Es una pena que a algunos “patriotas” solo les duela la vida de los suyos. Y no me refiero a los nacionales siquiera, sino a los del mismo bando.

Los mismos que reclaman la devolución de los migrantes, sin ajustarse al derecho internacional, aún no han tenido la humanidad de solicitar con más ímpetu, la vuelta de su compatriota Maricarmen a su casa. Eso sería para ellos caer en el buenismo.

La RAE define el verbo invadir como: “irrumpir, entrar por la fuerza u ocupar un lugar de manera anormal o irregular”. Se sobreentiende que entrar por la fuerza es acceder a un lugar, como una casa, una habitación o un edificio, usando la violencia física, la coacción o rompiendo cerraduras, puertas o ventanas, sin la autorización del dueño. En resumidas cuentas, la invasión, conlleva cierta agresividad, para lo cual es habitual ir armado. Por tanto, en el caso de la segunda acepción, cabría hablar de más bien de ocupas.

Hagámonos ahora, ciñéndonos al mismo término, la siguiente pregunta: ¿se puede considerar una invasión el desalojo de Maricarmen? Todos hemos visto las imágenes. Doce antidisturbios irrumpieron en la casa de Maricarmen, empleando su fuerza por orden judicial contra las personas que impedían su acceso. Violencia física, por no hablar de la violencia psicológica que supuso para la pobre anciana el escuchar el sonido de la motosierra rajando los cerrojos de su casa o los gritos de las personas aporreadas como se ha podido constatar en las imágenes.

Tratar como invasores a unos menores que llegan desarmados con la finalidad no de ocupar el territorio sino el de encontrar una vida mejor, es además de una tergiversación, un auténtico sarcasmo.

Tampoco se entiende como partidos que defienden la antiocupación, es decir, la propiedad privada, no hagan lo propio con los antidesahucios, que son además de propietarios, compatriotas vulnerables. Cabe preguntarse si es constitucional un partido que dice apoyar la Carta Magna, y cuando se le ofrece la posibilidad de llegar a un acuerdo de Estado para proteger los derechos de los ciudadanos se niega a hacerlo, primando de esta forma su interés partidista, sobre el interés general.

Algún político ha asegurado, sin llegar a comprometerse, que no va a utilizar la vulnerabilidad de Maricarmen para hacer política, cuando la política previa que ha hecho, ha sido no firmar el decreto que podía haber evitado a todas las Maricarmen españolas, llegar a esta situación.

Los datos recogidos por el Consejo del Poder Judicial (CGPJ), indican que en 2025 se practicaron 25.540 actuaciones que finalizaron con el desalojo obligatorio de un inmueble. En 2026, se han producido en tres meses 4.005 desalojos, con una media de 44,5 cada día.

Los ocho largos años de lucha de Maricarmen han evidenciado de una forma tan real como descarnada el problema número uno que padece la ciudadanía, como es el derecho a una vivienda que preconiza la Carta Magna.

José Luis Meléndez. Madrid, 26 de septiembre del 2026. Fuente de la imagen: RR.SS (x.com)