La decisión de la intervención estaba tomada el día anterior, en la cual se hizo entrega de los Premios "Princesa de Asturias". Un acto al que fueron invitados el Presidente de Gobierno y destacados líderes europeos. Una presencia que ha servido para cerrar filas con el gobierno español, a pesar de la equidistancia inicial, las llamadas al diálogo, en un tema que según los líderes europeos, era competencia exclusiva del Estado español.
No se trataba de independencia “si” o “no”. El objetivo era llegar a un acuerdo consensuado por las dos partes, que lograra desbloquear la situación. Existían varias alternativas (con la correspondiente contrapartida de la anulación de la proclamación de la independencia), que no han llegado a ponerse encima de la mesa, como la reforma del Estatuto de Autonomía, y de la Constitución, a través de las cuales, el pueblo catalán se sintiera actor y partícipe. El gobierno de Rajoy no ha sabido seducir a los catalanes, a través de un nuevo Procés, legal, limpio y transparente. Tampoco se ha ofrecido ningún líder de la oposición para mediar en el conflicto, desde que este estalló, a excepción del de Miquel Iceta a última hora. La crisis política, ha derivado en un problema institucional de Estado.
Si el gobierno de la Generalitat vulneró los principios democráticos de la Cámara, los días 6 y 7 de septiembre, y permitió la celebración del referéndum sin las mínimas garantías, no menos cierto es que el sr. Puigdemont, venciendo las presiones de la CUP, de Europa, e incluso de parte de su partido, llegó a proponer un espacio sin tiempos, para llegar a un acuerdo. Incluso dejó meridianamente claro y por escrito, en la contestación al segundo requerimiento que su grupo no había votado declaración alguna de independencia. Poca disposición se muestra a un diálogo sincero, si el primer gesto que se ofrece a la otra parte es vestirse con la toga del artículo 155, y se le acompaña de una pregunta escueta en forma de test, con la respuesta de un monosílabo.
Hace apenas seis años el Pueblo Español, salió de forma pacífica a las calles como respuesta a las políticas antisociales del Partido Popular, y demandando soluciones a sus problemas. Eran ciudadanos que se sentían ignorados e indignados. Los ciudadanos españoles llevan años acudiendo por parte de los líderes de las principales formaciones más representativas del país, a una serie de declaraciones diarias, públicas y televisadas. Esto evidencia la falta de diálogo y la escasa voluntad que emplean en resolver los problemas de Estado que afectan desde hace años a la sociedad española. En lugar de reunirse con el señor Puigdemont, las veces que haga falta, se le emplaza a acudir al Congreso, mientras se dialoga fuera de la Cámara con las demás fuerzas del arco parlamentario. Esta negativa, lamentablemente, no solo afecta al señor Puigdemont y al resto de catalanes, sino al resto de españoles que día tras día, preocupados e impotentes asisten a un nuevo capítulo de los ya habituales desencuentros institucionales. De esta forma, los ciudadanos que esperaban de sus representantes una solución a sus problemas, han visto cómo sus líderes se han convertido en un problema para ellos.
La activación del artículo 155 el día 21 de octubre, abre un nuevo escenario que marcará la Historia de los próximos años, si el señor Puigdemont no convoca elecciones autonómicas. Pero más que el artículo constitucional en cuestión, quedará por ver si son constitucionales y democráticas, las medidas que de él se aplican, y con los que pretende en apenas seis meses el señor Rajoy solucionar lo que no ha logrado en más de una legislatura y media, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. Desde un amplio sector de la sociedad se cuestiona la aplicación de dicho artículo no ya por su momento tardío, sino por la efectividad y las consecuencias que de él puedan derivarse, si se tiene en cuenta el alto porcentaje de la sociedad catalana que está favor de la secesión. Lo paradójico y a la vez inaudito de la situación “ilegal”, una vez aplicado el artículo 155 de la Constitución, es que la forma de aplicarlo evoca el ambiente preconstitucional antes de la llegada de la democracia a España. ¡Cuánto sufrimiento se hubieran evitado los ciudadanos, si se hubiera defendido en su día, con el mismo ainco, el artículo 135 de la Carta Magna!
El tripartito constitucional y democrático ha tardado menos tiempo en ponerse de acuerdo para aplicar el artículo 155, que para formar gobierno, ha desoído las peticiones de diálogo de un amplio sector de la población, y ha preferido no consultar con las respectivas bases de sus partidos, la aplicación de dicha medida. El señor Rajoy le pide además al señor Puigdemont la normalidad que no ha demostrado su partido, y la legalidad que le ha faltado a muchos de sus miembros. La autonomía, ha declarado el señor Rajoy, no está suspendida. De lo que no debe estar muy seguro ni él, ni el tripartito intervencionista, es que la decisión de intervenir la autonomía catalana, vaya a ser aprobada en un futuro, en función de sus efectos, por la mayoría de españoles (los exámenes se aprueban una vez hechos, no antes).
Un buen político, no necesita llegar al punto de tener que aplicar una ley nacional por la vía de urgencia. Le sobra con el diálogo. Nadie se imagina a Adolfo Suárez, encarcelando a Santiago Carrillo, por haber actuado en su día al margen de la ley. Las batallas se saben cómo empiezan, pero nunca como acaban, dice un dicho popular. El tiempo dirá a los ciudadanos si esta era la vía más adecuada, y si la aplicación “light” que el equipo médico del tripartito constitucional, fue una intervención "ambulatoria" o un ingreso hospitalario, largo y doloroso, que en su momento requirió de algo de anestesia, y un mínimo de estrategia.
José Luis Meléndez. Madrid, 21 de octubre del 2017
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