Los resultados electorales, han sido los que son: ni buenos, ni malos. Porque no es la voz democrática de los ciudadanos la que ha de cuestionarse, sino las políticas que se lleven a cabo a partir de ahora, entre la Generalitat y el Gobierno de España. Los ciudadanos españoles, catalanes y europeos, esperan esta vez que las instituciones españolas e internacionales acepten los resultados, los encajen democráticamente, y establezcan a partir de ahora los puentes necesarios para llegar a acuerdos a través del diálogo, en lugar de utilizar el monotema como una cortina de humo que impida ver y atajar los demás problemas de Estado que tiene España, desde hace años.
Resulta sorprendente que las primeras palabras del señor Rajoy, hayan sido a modo de advertencia, las mismas que en anteriores ocasiones: “El Gobierno está dispuesto a hablar dentro de la ley”, cuando de lo que se trata es de reformar ésta a través de La Constitución, y adaptarla al nuevo escenario político y social por el que atraviesa España. El clamoroso descalabro del Pepé, viene a constatar el profundo malestar de los catalanes ante la falta de diálogo por parte del Gobierno central. El gobierno de Rajoy & Asociados, ha optado más por la aplicación de la ley, que por la del diálogo. La judicialización de la política, y el síndrome del bufete del Presidente, además de fracasar, han empeorado las cosas.
El votante mayoritario, ha optado por el voto seguro (ERC y PDeCAT), y ha penalizado a las fuerzas constitucionalistas (a excepción de Ciudadanos), con disposición a actitudes y pactos ambigüos y poco creíbles como han sido los ofrecidos por el Psoe, o En Comú Podem. Ciudadanos, sin embargo ha sabido aprovechar esta situación de debilidad, y ha aprovechado la “poca credibilidad” de Iceta, según palabras de Albert Rivera. También a diferencia de las demás fuerzas constitucionales, ha sabido ofrecer un proyecto antisoberanista, clarificador y programático, como es el de establecer pactos con las demás fuerzas que defienden la Constitución.
Los catalanes en esta ocasión, han optado por una salida civilizada a través del diálogo, lejos de declaraciones unilaterales o cientos cincuenta y cincos. Por ello han penalizado a las formaciones más extremistas desde el punto de vista ideológico, como son la CUP y el PP, y han bloqueado de antemano la formación de un previsible tripartito constitucionalista. El Partido Popular en manos de Rajoy (contrario en sus inicios a la aplicación del Artículo 155), ha caído en la trampa mortal de Albert Rivera, precursor de la aplicación de dicho artículo, y ha pagado sus consecuencias, con los pésimos resultados obtenidos. Resultado: la aplicación del artículo 155, le ha dado más alas de las que tenía el Soberanismo, y Puigdemont solo desde Bruselas haya hecho una mejor oposición que todo el equipo de Rajoy desde España.
El perfil duro de Albiol (como el mismo ha reconocido), y la participación de Rajoy (candidato nacional) en la campaña, a buen seguro han tenido algo que ver en los resultados de la formación azul, ante la animadversión que provocan dichos candidatos, de manera especial en Cataluña. Los candidatos constitucionalistas, a excepción de Rivera, se han caracterizado por el vacío de contenidos y programas. Se ha evitado hablar del 155, para no entrar a su vez, en su difícil y complicada justificación, lo cual han pagado en sus resultados electorales. La formación de Rivera, a través de Inés Arrimadas, ha sabido ofrecer un proyecto antisoberanista para acabar con el Procés, dejando claro que con las únicas fuerzas que pactarían serían con las fuerzas constitucionalistas.
La lectura que hagan los soberanistas (ERC y PDeCAT) de los resultados, será determinante a la hora de la negociación. Ambas formaciones deberán reconocer en primer lugar, que la fuerza más votada dentro del bloque soberanista, ha sido el nacionalismo (PDeCAT), frente al republicanismo de ERC como segunda fuerza. Por otro lado deberán considerar y tener en cuenta que las pasadas elecciones, no han supuesto un referéndum sobre la independencia de Cataluña, en el cual sería imprescindible la participación de todos los españoles (según La Carta Magna), si de lo que se pretende es llegar a un entendimiento con El Estado, que fructifique en un acuerdo.
La equidistancia entre la Monarquía y la República, deberá pasar por varias etapas, como son en primer lugar la normalización de las relaciones deterioradas, empezando si es preciso con fórmulas como la mediación. Solo una vez normalizadas las relaciones, podría pasarse a una segunda fase de negociación en la cual se abordase mejorar la calidad democrática de las instituciones, a través de la concesión de paulatinas competencias, a cambio de un mayor compromiso con El Estado, con objeto de recuperar la confianza perdida entre ambas instituciones.
En definitiva, ha sido una campaña atípica, en la que ha habido y aún existen representantes soberanistas en el exilio, y presos entre los cuales se encuentran los líderes de ambas formaciones (Puigdemont y Junqueras), los cuales tienen causas abiertas que podrían dificultar el desempeño de sus cargos, y provocar más inestabilidad y movilizaciones en las calles, que podrían llevar a Cataluña a nuevas elecciones a mediados del 2018.
Se le abre al Pepé otro frente, esta vez a nivel nacional, como es el ascenso de Ciudadanos, y una más que posible crisis interna con la primera dimisión por parte del de Juan Arza, Secretario de Estudios del PPC, al considerar que el partido necesita una "renovación urgente". Una situación que puede ir en aumento, si los conservadores siguen enrocados y obstinados en su caparazón justiciero, y en su aversión al diálogo, tics propios de las mayorías absolutas del pasado. Y si los agoreros de siempre les ayudan a ello.
Algo de razón tenía Puigdemont (y habrá que reconocérsela), cuando decía: "así no".
José Luis Meléndez. Madrid, 26 de diciembre del 2017
Fuente de la imagen: wikimedia.commons.org
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