La sociedad suele ir por delante de la política y la justicia de su tiempo
La justicia no solo es lenta en su aplicación sino en su misma creación. Las leyes las establecen los políticos y la salvaguardan los jueces, pero lo cierto es que muchas leyes encuentran su origen y razón de ser en la transformación evolutiva o retrógrada que experimenta la sociedad a través del comportamiento de los individuos que forman parte de ella.
En líneas generales los representantes políticos de los ciudadanos promulgan las leyes en función de las necesidades de la sociedad a la cual pertenecen. Lo triste es que en no pocas ocasiones el anuncio e inicio de dichas tramitaciones suele vestirse de buenas intenciones, pero su final no suele escaparse del sesgo ideológico que termina e impide que la inminente ley beneficie a la mayoría del grupo social que forman los ciudadanos.
Por ejemplo, han sido necesarios que se produzcan algunos accidentes de tráfico para que la autoridad competente instale una señal de peligro o de advertencia en la carretera. De la misma forma la agresión o muerte de algún menor por parte de un miembro de la pareja en su día contribuyó a la tramitación de la ley de violencia vicaria.
En resumidas cuentas, la sociedad suele ir por delante de la política y la justicia de su tiempo. Pero la pregunta que nos surge es: ¿Cuántos accidentes o agresiones han tenido que producirse hasta entonces? ¿Por qué no ha actuado antes la política para que a su vez la justicia pudiese haber evitado algunas de estas tragedias?
Pues bien, a día de hoy, uno de estos casos, ocupan la actualidad, y es concretamente el maltrato animal por parte de los miembros de una pareja a la hora de infringir un daño añadido a su todavía consorte.
Dado que el número de mascotas es lo suficientemente importante, los respectivos ministerios de Igualdad, Juventud e Infancia, y de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, conscientes de la importancia y los beneficios que estos seres aportan a la sociedad, están trabajando en un anteproyecto que pretende incluir a los animales en la ley de violencia vicaria. Dicho proyecto está respaldado entre otros, por juristas, criminólogos, catedráticos de Psicología Social o de Filosofía del Derecho y Filosofía Política.
Asegura María González Lacabex, miembro de CoPPA – Coordinadora de Profesionales por la Prevención de abusos -, que “el impacto sobre la víctima se agrava por la pérdida del vínculo afectivo y el apoyo emocional que representaba el animal”.
Y es que el delito de amenazas reflejado en el Código Penal no contempla aquellas intimidaciones dirigidas contra los animales, aunque si considera constitutivas de delito las dirigidas contra las personas o su patrimonio. Algo que a todas luces no refleja la sensibilidad actual de la sociedad española con respecto a estos adorables seres.
Por todo ello, la coordinadora CoPPA, solicita agravar las penas de dichas conductas violentas, haciéndola a su vez extensiva a personas vulnerables como pueden ser los menores, las personas mayores, los enfermos o las personas con alguna discapacidad.
Al tratarse de animales y por tanto de seres sintientes incapaces de defenderse y de expresarse, CoPPA considera que la mejor forma de protegerlos es incluirlos bajo la protección de la ley de violencia vicaria, siguiendo la senda de otros países más avanzados y sensibles en dicha legislación, como es el caso de Nueva Zelanda.
José Luis Meléndez. Madrid, 22 de noviembre del 2025. Fuente de la imagen: pinterest.com